Cuando alguien invade tu propiedad y la destruye, no hay otro remedio que rebelarte y luchar. Eso fue lo que el líder amazónico Edwin Chota hizo. Varias bandas de madereros ilegales habían invadido el territorio de su comunidad, Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali. Edwin Chota, nativo de los Asháninka, había informado a las autoridades que su comunidad había recibido amenazas de muerte. También les informó que dichas mafias causaban devastación en sus bosques.
Las mujeres y niños Asháninka vivían en la ansiedad, temiendo cruzarse con estos bandidos. Edwin Chota continuó solicitando la ayuda gubernamental. Los Asháninka eran ciudadanos legítimos, y necesitaban protección del gobierno.
El gobierno prometió ayudarles, pero jamás movieron un dedo. Edwin Chota no tenía el apoyo de nadie. Y tanto él como la gente de su comunidad siguieron recibiendo amenazas.
La Amazonía peruana, lo mismo que la selva del Brasil, son los principales proveedores de madera en América latina. También existe mucha demanda proveniente del mercado mundial, que la utiliza para las industrias de construcción y fabricación. Los respectivos gobiernos, Peruano y Brasileño, otorgaron licencias a las multinacionales para explotar estos territorios, pero otras zonas están restringidas por la ley. ¿La razón? La tala indiscriminada afectaría a las comunidades nativas que la habitan durante siglos, además de poner a la fauna en peligro.
Por desgracia, motivados por la “fiebre del oro rojo,” las mafias madereras se han apoderaron de estas regiones. Las ganancias eran tan exorbitantes que surgieron muchas mafias decididas a arrasar con los bosques. No eran organizaciones improvisadas. Por el contrario, cuentan con equipos hidráulicos costosos, camiones de transporte y herramientas modernas para la tala. Inspiraba sospecha que estas mafias adquirieran esa maquinaria y la transportaran a áreas estratégicas, sin ninguna interferencia gubernamental. Específicamente, éstas son las regiones que las multinacionales no podían explotar por medios legales.
El daño causado por la deforestación es evidente. Las mafias madereras han ido destruyendo el habitat de la fauna animal, afectando la biodiversidad, y poniendo a varias especies en peligro. Además, hay una intensa correlación entre la deforestación y el calentamiento global. Los bosques son los pulmones del planeta porque reducen las emisiones de carbono. La tala ilegal daña el ecosistema, y los pocos que intentan frenarla, como los nativos amazónicos, lo hacen en la precariedad. Son los más perjudicados: amenazados por las mafias e ignorados por el Estado. Ese parece ser el precio por defender la naturaleza y salvar nuestro planeta.
La Hipocresía del Gobierno
Edwin Chota continuó luchando. No cesó de escribir cartas a las autoridades regionales. A lo largo de los años, escribió más de cien peticiones. Casi ninguna recibió respuesta. Chota exigía títulos de propiedad para sus tierras, mejores viviendas y escuelas para sus hijos, pero principalmente, protección contra las mafias madereras.
Debido a la indiferencia gubernamental, Chota atrajo la atención de la prensa internacional. En su testimonio, les informó que sus comunidades vivían en una tierra sin ley, en donde la única ley era «la ley de las armas.» Chota le mostró a la prensa internacional las desoladas áreas forestales, los daños infligidos a la fauna, revelando todas las operaciones de las mafias. También solicitó públicamente, y por enésima vez, que su gobierno interviniera y les otorgara títulos de propiedad, porque más del 72% de las comunidades no podían demostrar sus derechos territoriales.
Por entonces, los nativos y activistas ambientales corrían peligro. Según Global Witness, 57 activistas ambientales fueron asesinados sólo entre los años 2004 y 2014. Estas estadísticas colocaban al Perú como el cuarto país más letal del mundo para los activistas ambientales o de derechos indígenas.
Después de exponer su caso a la comunidad internacional, las amenazas contra Edwin se intensificaron. Según David Salisbury, de la Universidad de Richmond, Chota desafió al status quo, y muchos ofrecieron un precio por su cabeza. Consciente de los peligros, Chota portaba un machete. Pero no se amilanó y continuó apoyando a su comunidad.
‘Trabajamos para alcanzar un objetivo más grande de lo que somos capaces. Caminamos por este bosque porque queremos que exista sin peligro ni violencia en cincuenta, cien o incluso quinientos años. Algún día los líderes actuales no estarán aquí, pero nuestros ideales seguirán vivos en nuestros hijos sólo si seguimos cuidando de estas tierras.” – Edwin Chota
El 31 de agosto de 2014, Edwin Chota y otros tres líderes indígenas iban camino a una aldea aledaña. Habían planeado reunirse con otros nativos Asháninka del Brasil. En la profundidad del bosque, Chota y compañía fueron interceptados por las mafias madereras. Fueron torturados y finalmente asesinados. Su viuda, Julia Pérez, quien estaba embarazada, tuvo que viajar a Lima para dar aviso a las autoridades. El entonces presidente Ollanta Humala condenó el crimen y dijo que enviaría un equipo de investigación. Aún hoy, seis años después, la tala ilegal en la Amazonía continúa sin interrupción.
Meses después de su muerte, la viuda de Chota dijo en una entrevista: “Las personas que asesinaron a nuestros maridos son unos madereros brasileños y peruanos, que operan en esa región, y a quienes denunciamos varias veces, pero el gobierno no hizo nada. Protegemos esta tierra por que dependemos de los recursos del bosque, del río, de la pesca. No vivimos en la ciudad. No vamos al supermercado. En el bosque obtenemos lo necesario para vivir. Cuidamos los ríos, porque si cortas todos los árboles, los ríos se secan.»
El sistema de concesiones territoriales para la tala se implementó en el 2002. Desde entonces, las compañías madereras han explotado la región con documentación falsa, sobornando a las autoridades locales, y silenciando a todo aquel que solicite justicia. Mantienen un negocio en el cual obtienen un promedio de 200 millones de dólares anuales. Por otra parte, los nativos Asháninka finalmente obtuvieron sus títulos de propiedad. Pero los títulos fueron en vano. Los nativos siguen siendo amenazados. Las mafias madereras, con sus armas, sus amenazas y violencia, son la única autoridad en la región.
Existe una alianza oculta entre las autoridades peruanas y los madereros ilegales. La prevalente desidia ante las denuncias indígenas y la impunidad de los asesinatos corrobora todas las especulaciones. La corrupción garantiza que sólo aquellos con dinero gocen de la autoridad para hacer lo que les plazca. Por otro lado, las comunidades nativas sobreviven en las sombras, en un estado de invisibilidad.
Varios sectores del Perú, un estado neoliberal desde hace tres décadas, se han vendido a las corporaciones multinacionales, dañando la fauna y el ecosistema, desalojando a los nativos de sus tierras y siendo cómplice tácito de decenas de crímenes. Por supuesto, el neoliberalismo ha traído la mal llamada “modernización.” Pero es indignante que esas ganancias y «progreso» se hicieran a costa del sufrimiento y la muerte de nuestros nativos.
Edwin Chota es sólo uno de las decenas de víctimas asesinadas en los últimos años. Y los asesinatos continúan hasta hoy. La tala ilegal no tiene miramientos en destruir al medio ambiente, y a los nativos que, a toda costa y ante la indiferencia general, luchan por mantener el ecosistema para ellos y para las generaciones futuras.𝔖
Image: Courtesy of street artist Nether
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