En Enero de 1992, Pativilca fue escenario de un encarnizado suceso. Un grupo armado, liderado por una mujer, secuestraron a seis campesinos que se encontraban descansando en sus hogares.
Inmediatamente, los familiares se dirigieron a la comisaría para que le den razones sobre lo ocurrido. Sin embargo, la policía negó haber realizado algún operativo en la zona.
Al día siguiente, los cuerpos de estos campesinos fueron hallados esparcidos en los cañaverales.
“Un amigo que bajaba con su camión me contó que había visto varios cuerpos en un cañaveral cerca de la carretera de ingreso. Cuando fuí a verlos encontré un cuadro horrible. Mi hermano tenía disparos en la cabeza, pero había otros dos señores que estaban torturados, parecía que le habían puesto soplete,” manifestó José Luis Agüero, hermano de una víctima de la Masacre de Pativilca.
Cinco meses después, la apacible provincia del Santa, en Ancash, fue perturbada por un operativo militar. Entre amenazas y golpes, nueve campesinos de distintas edades fueron sacados a la fuerza de sus hogares. Sus familiares fueron amenazados con fusiles, impidiéndoles socorrer a sus seres queridos.
“Me di cuenta que era una mujer con pasamontañas y vestida de uniforme y botas… pelo castaño, me apunto con un arma larga, me dijo que me quede quieta y que no saliera sino me metería un tiro,” declaró Margoth Nancy Reyes Sáenz, esposa de Carlos Tarazona, quien fue asesinado en la Matanza del Santa.
Raudamente, los parientes de las víctimas se dirigieron a la comisaría a presentar los cargos respectivos. Pero el efectivo policial se negó a recibir la denuncia. Los familiares sospecharon de una acción previamente coordinada. La policía buscaba proteger a los secuestradores.
General Nicolas de Bari Hermoza Ríos
Ambas masacres figuraban en la lista de crímenes del grupo Colina. Y compartían algo en común: fueron realizados por “encargo”.
El expediente judicial del caso Pativilca señala a un “empresario chino” que se contactó con un familiar cercano al general Hermoza Ríos para que “le den una manito” con los campesinos, con quienes tenía una disputa de terrenos en los anexos de Caraqueño y San José.
Como se sabe, las órdenes de ejecuciones extrajudiciales venían de más arriba. El General Hermoza Ríos, cómplice de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, podía influír en ellas.
En la masacre del Santa, el caso fue similar. El empresario Casmeño Jorge Fung Pineda tenía frecuentes rencillas con los campesinos de la zona. Una muestra de ello fue la amenaza pública que les hizo durante una protesta realizada en los alrededores de la fábrica “San Dionisio:” “Uds. se van a joder conmigo, porque no saben con quién están.” Luego de la desaparición de los nueve campesinos, Fung Pineda pagó la suma de 15 mil dólares al grupo Colina. Era evidente que él había ordenado la masacre.
En ambos incidentes, la justificación fue la acusación de “senderistas” sobre un grupo de campesinos que realmente no lo eran. Sólo tenían en común ser líderes de sindicatos o simples comuneros que reclamaban un trato justo.
“Mi hermano Felandro era el cuarto de 8 hermanos. Era un muchacho muy tranquilo, el más sano de todos. No estaba metido en actividades políticas, o con los del partido (senderista), para decir que lo mataron por eso”…
“Si hubiera sido terrorista, él hubiera estado escondido. Pero estaba con nosotros, durmiendo. No sabemos por qué se lo llevaron. Acá mucha gente ha sido confundida. Nosotros sabíamos quiénes estaban metidos con el terrorismo, pero esa gente desapareció días antes,” declaró Domingo Castillo, hermano de una de las víctimas.
Tanto el caso Pativilca como el del Santa estuvieron bajo el “Plan Cipango,” que constaba de ciertas acciones contrasubversivas en el Norte de la capital. Todos siguieron un mismo patrón: Eran secuestrados de sus hogares para luego ser golpeados hasta quitarles la vida. También los balearon, y para no dejar rastros, los incineraban.
Con estas masacres, 15 familias quedaron destruídas, hijos sin padres, padres sin hijos. Algunos murieron esperando que los culpables cumplan una pena justa. Otros ni siquiera llegaron a ver los cuerpos de sus seres queridos.
Deudos de las víctimas de la Matanza del Santa
En el año 2011 se encontraron los cuerpos de las víctimas de la Matanza del Santa. Los hermanos Barrientos se quebraron cuando fueron a identificar los casi irreconocibles restos de sus hermanos, Carlos y Roberto, víctimas de esta masacre. Ambos cuerpos se encontraron enterrados en fosas, en el escampado de Huaca Corral, ubicado a 200 metros de la Panamericana Norte.
Los hermanos Barrientos cumplieron así la promesa que habían hecho a su madre, quien falleció antes de dar el último adiós a sus dos hijos desaparecidos.
“Madre, tú que estás en el cielo, ya encontramos a tus hijos. Te prometimos antes que partas de este mundo que no descansaremos hasta encontrar a Carlos y Roberto. Aquí están, madrecita, vamos a sepultarlos como siempre fue tu deseo, vamos a decir ‘descansen, hermanitos”, dijo Carmen Barrientos, hermana de uno de los desaparecidos.
En Busca de Justicia
Luego de 25 años, ambas matanzas aún permanecen en proceso de resolución. La justicia peruana intenta iniciar un nuevo proceso judicial contra Fujimori. Antes que nada, se requería una autorización de la Corte Suprema de Chile para la apertura de ambos procesos, ya que Fujimori fue extraditado de dicho país en setiembre del 2007.
Al ser apresado en Chile, Fujimori fue vinculado en 7 casos relacionados con violación de derechos humanos y corrupción.
En el mes de Junio pasado, la justicia Chilena ratificó la sentencia por los casos del Santa y Pativilca, que ya se había definido en Febrero, lo que permitiría que los tribunales peruanos procedan a juzgar al ex mandatario Fujimori.
En Diciembre, el presidente Kuczynski otorga el indulto a Fujimori, lo que generó la indignación de los deudos de estas masacres. La Asociación Pro Derechos Humanos del Perú presentó una comunicación con carácter de urgencia sobre el indulto.
“Se viola el principio de imparcialidad de la evaluación y de la actuación del Estado, lo que acarrea una violación al debido proceso. Esto representa una situación insalvable que acarrea la nulidad de cualquier indulto otorgado en base a dicho informe,” afirmaron los deudos de las masacres.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará el indulto otorgado por el presidente Kuczynski, dando una esperanza a los familiares de las víctimas tanto de la Matanza de Pativilca como del Santa. Por consiguiente, el próximo 2 de febrero la CIDH convocará a una audiencia de supervisión por el cumplimiento de sentencia.
Los argumentos que den los familiares de las víctimas durante el proceso de supervisión de la CIDH, permitirá mostrar que el indulto fue un atropello a sus derechos, indicó Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos.𝔖
SUMAQ 